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¿Democracias blindadas o tuteladas?
🪐 Nueva incursión militar en Gaza, León XIV inicia oficialmente su pontificado, y Música, geopolítica y polémica en Eurovisión.

Desde nuestra órbita, una mirada al mundo.
El 19 de mayo de 2007, Traian Băsescu sobrevivió a un intento de destitución que lo tuvo suspendido más de un mes. Veintitrés años después, Rumania enfrenta tensiones similares: ayer se votó con dos candidatos suspendidos por la Justicia por supuestas posturas pro-rusas o contrarias al orden constitucional. La “judicialización de la política” y la “politización de la justicia” son fenómenos cada vez más frecuentes en democracias de todo el mundo. Ese será el eje de análisis de hoy.
Hoy, además, vamos a contarte:
Nueva incursión militar de Israel en Gaza;
León XIV inicia oficialmente su pontificado;
Música, geopolítica y polémica en Eurovisión 2025;
Y mucho más.
Vas a informarte sobre todo esto en menos de 10 minutos.
VUELTA AL MUNDO

🇮🇱 🇵🇸 Pese a reanudar las conversaciones de alto el fuego en Qatar, Israel intensificó su ofensiva sobre Gaza: más de 100 palestinos murieron en 24 horas en la incursión terrestre denominada “Operación Carros de Gedeón”, y destinada a liberar los rehenes que permanecen cautivos y desarticular definitivamente a Hamás. Es la campaña más letal desde el colapso de la última tregua.
🇷🇺 🇺🇦 Un día después de lo pactado, Zelensky se reunió con una delegación rusa de menor rango, encabezada por un exministro de cultura. Pactaron un intercambio de prisioneros, pero no hubo avances sobre las condiciones centrales para un alto al fuego. Las partes debatieron una posible cumbre entre líderes. Además, Marco Rubio anunció que El Vaticano se ofreció como sede para futuras negociaciones.
🇺🇸 🇮🇷 Estados Unidos confirmó haber ofrecido un acuerdo a Irán para desbloquear las negociaciones nucleares, pero Teherán lo niega y afirma que aún no hay nada sobre la mesa. Si bien las conversaciones pasaron al nivel técnico, el enriquecimiento de uranio sigue siendo el principal punto de fricción: Irán insiste en mantenerlo, mientras Washington presiona para limitarlo.
🇵🇹 Luís Montenegro ganó las elecciones legislativas en Portugal, pero sin mayoría, y podría formar gobierno con Iniciativa Liberal. La gran sorpresa fue el ascenso de la derecha radical de “Chega” (traducido como “Basta” en español), que empató con el histórico Partido Socialista (PS), provocando su peor resultado en 38 años y marcando el fin del bipartidismo en Portugal.
🇻🇦 El domingo el Papa León XIV inició oficialmente su pontificado con una misa solemne en la Plaza de San Pedro, marcando el comienzo de su ministerio como sucesor de San Pedro. Contó con la presencia de más de 150 delegaciones internacionales, incluyendo a Zelensky, JD Vance, Gustavo Petro, Santiago Peña y los reyes de España.
GRAVITANDO EN AMÉRICA LATINA

🌎 En el marco del Foro de la CELAC, China anunció que eliminará el visado para ciudadanos de Argentina, Brasil, Chile, Perú y Uruguay, buscando atraer turistas y empresarios. La medida regirá a prueba hasta mayo de 2026.
🇻🇪 🇬🇾 A días de las elecciones dispuestas en Venezuela, Guyana denunció un ataque contra sus soldados en el Esequibo. Caracas respondió que EE.UU. usa el territorio como “botín de guerra” y confirmó que celebrará allí comicios, pese a una orden contraria de la Corte Internacional de Justicia. Guyana advirtió que arrestará a cualquier venezolano que vote en esa zona.
🇧🇴 El Tribunal Electoral habilitó a Evo Morales como candidato presidencial. La decisión llega en medio de fuerte tensión: sus seguidores marcharon en La Paz para inscribirlo, pero el Gobierno advirtió que será arrestado si se presenta. Días atrás, el presidente Arce, había instado a Morales a descartar su candidatura.
EJE CENTRAL
¿Democracias blindadas o tuteladas?

En unos pocos segundos…
• Rumania celebró elecciones presidenciales marcadas por la inhabilitación de dos candidatos opositores. Finalmente, se impuso el liberal Nicusor Dan frente al líder nacionalista prorruso, George Simion.
• Se consolida una tendencia global donde la justicia se define como actor central en la definición de quién puede competir por el poder en las democracias. Desde Trump en EE.UU. hasta Morales en Bolivia, pasando por Le Pen en Francia y Arévalo en Guatemala, las inhabilitaciones alcanzan a líderes de todos los colores ideológicos.
• Lejos de debilitarlos, los procesos judiciales tienden a fortalecer a los dirigentes sancionados, que se posicionan como víctimas del sistema. Esta dinámica refuerza su conexión con las bases y alimenta la percepción de que las instituciones ya no actúan con neutralidad, sino como instrumentos de control político.
¿Qué pasó?
El domingo el pueblo rumano fue a las urnas para elegir presidente en una segunda vuelta bajo un clima enrarecido: luego de que dos candidatos de peso, Călin Georgescu y Diana Iovanovici-Șoșoacă, fueran inhabilitados por el Tribunal Constitucional. El primero, por supuestos vínculos prorrusos y declaraciones contrarias al orden constitucional; la segunda, por desafiar pilares como la pertenencia a la OTAN o a la Unión Europea. La Corte alegó que sus discursos contradecían los valores fundamentales del Estado.
Tras este intento de blindaje institucional, se impuso finalmente Nicusor Dan, actual alcalde de Bucarest y referente del espacio liberal. La justicia logró excluir a figuras polémicas como Călin Georgescu y debilitando significativamente al partido nacionalista prorruso Alianza para la Unidad de los Rumanos (AUR) y su candidato George Simion. El caso rumano ilustra cómo la intervención judicial puede modificar de manera sustantiva el escenario electoral, restringiendo la representación de ciertas fuerzas bajo el argumento de proteger los valores constitucionales.
Pero Rumania no está sola. Este año, en Francia, Marine Le Pen fue condenada por malversación de fondos públicos europeos e inhabilitada por cinco años. En Bolivia, Evo Morales fue impedido por el Tribunal Constitucional de presentarse nuevamente a la presidencia en 2025, por haber excedido los mandatos permitidos. En Estados Unidos, Donald Trump enfrentó múltiples causas penales que amenazaron con su inhabilitación, mientras su nombre encabeza las encuestas. En Brasil, Jair Bolsonaro fue sancionado por abuso de poder y vetado por ocho años. En Guatemala, el presidente electo Bernardo Arévalo vio bloqueada su investidura por maniobras judiciales. Y así podríamos seguir.
Se trata de una tendencia que crece: la inhabilitación de candidatos por vía judicial se vuelve cada vez más común, transversal a cualquier ideología. En muchos casos, no es el electorado quien decide excluir a un candidato, sino los tribunales. Este creciente "control judicial de la democracia" plantea preguntas urgentes: ¿Es una defensa de la república frente a la corrupción o el autoritarismo? ¿O es una forma encubierta de condicionar la voluntad popular?
¿Por qué es importante?
• La democracia en el siglo XXI: La relación entre ciudadanía y democracia se ha transformado. Según el Pew Research Center, una parte significativa de la población en países democráticos está dispuesta a aceptar liderazgos fuertes que no necesariamente respeten todas las reglas institucionales, si consideran que “resuelven problemas”. La tensión entre eficacia institucional y legitimidad popular se convierte en el núcleo de la discusión democrática contemporánea.
• Lawfare y el uso estratégico del derecho: En América Latina, el término "lawfare" se instaló con fuerza. Describe el aparente uso instrumental del aparato judicial para neutralizar o proscribir adversarios políticos. Los casos de Lula da Silva en Brasil, Cristina Kirchner en Argentina o Rafael Correa en Ecuador nutrieron el debate regional. Lo mismo argumentó el trumpismo en Estados Unidos y el bolsonarismo en Brasil. Ahora, en Europa se dan debates similares. La justificación puede variar (corrupción, discurso antidemocrático, abuso de poder, interferencia extranjera), pero el resultado es el mismo: el desplazamiento del conflicto político hacia el terreno judicial. El riesgo no es solo la politización de la justicia, sino también la judicialización de la política.
• (Des) balance de poderes: En una democracia sana, el poder judicial funciona como control del poder político. De eso se tratan los pesos y contrapesos de la división de poderes. Pero cuando los tribunales comienzan a definir quién puede o no ser candidato, el balance puede romperse. No se trata de cuestionar la potestad del derecho a poner límites, sino de analizar cuándo y cómo lo hace.Y cuando los candidatos judicializados siguen obteniendo apoyo popular (como Trump, Le Pen, Lula y CFK), la brecha entre legitimidad jurídica y legitimidad social se profundiza.
¿Cómo impacta?
A nivel global: Esta tendencia tiene consecuencias globales. Por un lado, erosiona la credibilidad de las democracias que ya enfrentan desconfianza ciudadana. Por otro lado, fortalece la narrativa de los líderes autoritarios, que acusan a las democracias liberales de ser una "farsa" controlada por élites judiciales o burocráticas. La inhabilitación judicial de candidatos también puede ser usada como excusa para escalar conflictos internos o justificar represión política. Asimismo, genera desconfianza en los procesos electorales, que pierden su función central: dirimir pacíficamente los conflictos políticos.
En América Latina: La región es pionera en esta discusión. En Guatemala, la fiscalía intentó bloquear la asunción del presidente electo Bernardo Arévalo. En Perú, Pedro Castillo fue destituido y encarcelado en medio de una escalada entre Ejecutivo y Legislativo. En Ecuador, Rafael Correa fue condenado en ausencia y no pudo volver a competir. Lula y Bolsonaro también fueron objeto de esta práctica y, más recientemente, Evo Morales. La judicialización de la política en la región tiene distintos colores ideológicos, pero una constante: los tribunales se volvieron protagonistas centrales del juego político, y la confianza ciudadana en esas instituciones no siempre acompaña.
En Argentina: El caso más visible fue el de Cristina Kirchner, condenada por administración fraudulenta en 2022. Aunque la sentencia no estaba firme, sus posibilidades electorales quedaron limitadas. Al mismo tiempo, sectores de la oposición impulsaron la ley de "ficha limpia" para evitar que personas con condena puedan postularse. Además, esta semana, el jefe de los fiscales solicitó agravar la condena para la expresidente por asociación ilícita. Este escenario ilustra el dilema central: ¿qué pesa más, el derecho a elegir y ser elegido o el imperativo de proteger las instituciones?
¿Cómo sigue?
• El panorama electoral europeo anticipa un escenario de mayor polarización y conflictos judiciales.
• Brasil será otro territorio de esta disputa en 2026, con el expresidente Bolsonaro –y principal actor de la oposición– inhabilitado para competir.
Nuestra mirada en Órbita:
¿Qué tienen en común Donald Trump, Cristina Fernández de Kirchner, Marine Le Pen y Rafael Correa, entre otros? Que han sido inhabilitados o judicializados en procesos resistidos por una parte significativa de la opinión pública. Y que todos, desde espacios ideológicos completamente distintos, se ampararon en la narrativa del lawfare para explicar lo sucedido. El fenómeno no distingue banderas. La judicialización de la política se volvió transversal. Los motivos varían —corrupción, interferencia extranjera, discurso antidemocrático, abuso de poder—, pero el patrón es reconocible. En lugar de que el electorado decida con su voto, lo hacen los tribunales.
El problema es que, lejos de resolver el conflicto, estas intervenciones suelen intensificarlo. En muchos casos, la actuación judicial termina reforzando a los líderes cuestionados. Los empuja a ocupar el lugar del perseguido, del censurado, del que incomoda al poder real. Esa narrativa de víctima cala hondo en electorados desencantados con las instituciones, y los vuelve más leales, no menos. La consecuencia es que los procesos pierden legitimidad social y los condenados ganan centralidad política.
A eso se suma una complejidad creciente. Cuando la inhabilitación judicial se vuelve la norma y no la excepción, se vuelve muy difícil saber cuándo se está frente a un caso de justicia genuina, donde se investiga y sanciona un delito real, y cuándo se trata de una herramienta para disciplinar rivales incómodos. El terreno se vuelve borroso, y con él se erosiona un principio central del Estado de derecho: que nadie esté por encima de la ley, pero tampoco por debajo de su protección.
Todo esto ocurre en un contexto donde el poder judicial está profundamente cuestionado. En muchas democracias, los sistemas de justicia son vistos como corporativos, opacos o politizados. Esto debilita su autoridad y pone en duda la imparcialidad de sus decisiones. El ciudadano común ya no tiene claro si lo que ve es justicia o juego de poder, si la sentencia responde a la Constitución o al clima político del momento.
En las últimas dos décadas, se volvió frecuente que las grandes batallas electorales se definan tanto en las urnas como en los juzgados. Esto tensiona y muchas veces rompe el delicado equilibrio entre poderes. Cuando el Congreso funciona como escribanía del Ejecutivo o cuando el Judicial actúa como actor político más que como árbitro independiente, el sistema republicano pierde legitimidad. Y sin sistema republicano, la democracia puede ser formal, pero frágil.
FUERA DE ORBITA
Eurovisión 2025: música y geopolítica

Yuval Raphael, sobreviviente de la masacre del festival Nova en octubre de 2023, representó a Israel en Eurovisión 2025, la principal competencia de música europea, con la balada trilingüe "New Day Will Rise". Su participación ha generado controversia debido al conflicto en Gaza, con protestas en Basilea y llamados a excluir a Israel del certamen. Durante su actuación en la final, se escucharon abucheos del público, que fueron silenciados con aplausos pregrabados por los organizadores, lo que provocó críticas sobre censura y favoritismo. Israel participa en Eurovisión debido a su membresía en la Unión Europea de Radiodifusión (UER), organización que permite la participación de países miembros, independientemente de su ubicación geográfica. A pesar de los reproches, los comunicados oficiales y la polémica, el voto popular fue claro: Israel se llevó el apoyo del público en España –donde la TV pública mostró un polémico mensaje– y en muchos países europeos. Con 297 puntos del televoto, fue la delegación más votada por la audiencia y pasó de un lejano puesto 20 (con apenas 60 puntos del jurado profesional) al segundo lugar.
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